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Sobreturistificación y políticas públicas

Sólo queremos turistas con altos ingresos: sobre como no lidiar con la sobreturistificación de los destinos turísticos.

Hasta antes de la pandemia era bastante normal encontrar notas periodisticas y papers académicos dedicados al tema del overtourism o «sobreturistificación». Era una forma de abordar las consecuencias negativas de la excesiva popularidad de un destino, que terminaba saturando los espacios públicos, expulsando a la población local y, a la larga, amenazaba con convertir a la ciudad en una especie de parque de diversiones para visitantes que llegaban desde lejos. Algo como lo que sucedió con Venecia, donde los autoridades ya tienen tan asumido ese destino que directamente van a cobrar una tasa diaria para visitarla.

Y el caso Venecia nos abre a un debate interesante sobre cómo lidiar con el sobreturismo. Parece bastante lógico entender que el primer paso es reducir el número de visitantes, o al menos mantener su crecimiento en tasas que el destino pueda acompañar con el crecimiento de la oferta de alojamiento y servicios. Pero esa estrategia tiene un problema: reducir el número de visitantes implica perder ingresos para el Estado y los prestadores privados locales. ¿Entonces?

La solución que rápidamente proponen algunos: que el destino se enfoque sólo en turistas con alta capacidad de gasto. Eso permitiría mantener un buen volumen de negocios pero no incrementar el número de visitantes.

Y son varios los destinos que están implementando algo por el estilo, o que al menos lo tienen en mente. A mediados del año pasado un funcionario de Indonesia manifestó que tras la pandemia Bali no sería reabierto para los mochileros, y que más bien sería reorientado hacia el turismo de lujo. Tras el escándalo por las declaraciones, el gobierno aclaró que en realidad se había comunicado mal el tema, y que el tema se limitaba a una mayor exigencia en visas migratorias. Pero está claro que la idea del gobierno es reorientar Bali hacia turistas de mayores de ingresos.

Y no son los único, claro. Algunos están buscando atraer a los nómades digitales con visas temporales siempre y cuando puedan justificar cierto nivel de ingresos. Caso las islas Cayman en el Caribe; si ganan más de cien mil dólares al año y por 1500 dólares pueden obtener una visa de trabajo por dos años. Monserrat, otra isla del Caribe, pide un poco menos: 70 mil dólares de ingresos anuales. Fiji, por su lado, se convirtió durante la pandemia en un lugar muy buscado por millonarios por su aislamiento y espectaculares espacios naturales. Y el plan de desarrollo turístico para 2024 quiere seguir con ese camino.

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Y como cuentan en Euronews, Nueva Zelanda y Tailandia también están diseñando sus programas de desarrollo turístico con énfasis en los turistas de mayores ingresos.

Decisiones de este tipo aparecen justificadas por la idea de mantener controlado el número de visitantes pero a la vez no perder volumen de ingresos. Pero apuntar a ese tipo de turistas implica favorecer una oferta orientada al lujo y las comodidades, que requieren mayor inversión en hotelería y servicios, algo por lo general más al alcance de las empresas multinacionales que de las locales.

Pero además estas políticas simplemente se concentran en el número, y pierden de vista algo bastante sabido: el turismo de lujo tiene una huella ambiental muy superior al viajero masivo, en tanto su demanda de productos como de transporte está muy por encima del promedio. Dejan más dinero, pero exigen mucho más del medio ambiente local, y en ese punto es bastante discutible que a la largo plazo sea una apuesta tan segura para lidiar con el sobreturismo.

Desde ya, otro tema a discutir es como este tipo de políticas legitima la idea de que el turismo finalmente debe ser un derecho para muy pocos. Que algo así sea política de Estados en un buen número de países es bastante descorazonador para los viajeros futuros. Pero tampoco podemos decir que es un escenario sorprendente, porque ya había signos de estas políticas antes de la pandemia.

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